Libros prohibidos

La Iglesia católica a mediados del siglo XVI, basada en el derecho de custodia en sus fieles, la integridad de la fe y el desarrollo de las buenas costumbres dedicó parte de sus esfuerzos a eliminar aquellos textos, considerados perniciosos. De aquí se derivó el cuidado y vigilancia que ejerció sobre las ideas y doctrinas que están escritas en los libros, para prohibir aquellos que atentaban contra los principios esenciales de la doctrina cristiana e influían en la vida de sus seguidores.

 
El organismo que, dentro de la administración eclesial, se ocupó de
este asunto fue la Congregación del Índice de los libros prohibidos,
instituida por el Papa Pío V (1566-1572) en 1571. Paulatinamente se
fue conformando esta Congregación, y en el lustro 1585-1590
estuvo compuesta por varios cardenales y un prefecto que
atendieron los delicados asuntos de los libros: revisaron las obras
impresas a través de los consultores, dígase teólogos y profesores de
las ciencias acreditadas, atendieron las denuncias sobre los libros
sospechosos, y negaron o aprobaron la circulación de los textos que
consideraron dañinos para la fe y la moralidad de los cristianos, y
que quedaron registrados en dicho catálogo.
 
Paulo IV (1555-1559) ordenó a los inquisidores que elaboraran un
índice de los libros prohibidos. En él se señalaban las sanciones a las
que se hacían acreedores quienes los leyeran o editaran. Estas
consistían principalmente en la excomunión, que incapacitaba a los
creyentes para obtener los oficios y beneficios eclesiásticos y los
condenaba a infamia perpetua. El índice estaba compuesto por tres
partes: la primera señalaba los nombres de los autores, la segunda
los libros proscritos y la tercera los títulos de los libros anónimos.
 
Antes de que apareciera la imprenta, el control de escritos se hizo
por medio de los decretos que la Iglesia emitía con carácter de
censura. En estos mencionaba aquellos documentos cuya lectura
prohibía por considerarla peligrosa. Años más tarde el Papa
Alejandro VI (1492-1503) obligó, bajo tremendas penas, a los
impresores de Colonia, Maguncia, Treveris y Magdeburgo a
someter a la previa censura de la legítima autoridad eclesiástica,
todo cuanto pretendían editar. Con ello se aseguraba, en parte, el
control total de los libros perniciosos.
 
Más tarde, bajo la autoridad del Papa León X (1513-1521), se pensó
en elaborar el índice de libros prohibidos, marcando el inicio de estos
catálogos cuyo contenido eran las obras proscritas por la Iglesia.
Notables son los Índices de Venecia (1543) y el de Lovaina (1546).
Luego debido al control de la Iglesia, cada vez mayor en el mundo
occidental, aparecieron otros en España Colonia, París y Florencia.
 
En el universo de los libros censurados, la Inquisición o Santo Oficio
jugó un papel preponderante. Esta institución se originó en el
pontificado de Gregorio IX (1227-1241) con el propósito de cortar la
herejía de los albigenses, cátaros y otras sectas y, al mismo tiempo,
contar con un organismo que velase por la salud espiritual de los
fieles.
 
La Inquisición fue conocida en España antes del reinado de
Fernando e Isabel, ya que en 1478 el Pontífice Sixto IV (1471-1484)
autorizó se escogieran dos o tres varones probos que hicieran los
trabajos de inquisición en cualquier parte de España. En 1480 por
Cédula Real del 17 de septiembre, quedó establecido el Santo Oficio,
y en 1483, fray Tomás de Torquemada fue nombrado primer
Inquisidor General.
 
De España se transfirió a estas tierras el concepto de Santo Oficio
con sus funciones específicas, y el 27 de junio de 1535 fue nombrado
fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, Inquisidor de la
Nueva España. Después fueron nombrados otros inquisidores cuyas
funciones, paulatinamente, definieron y afirmaron como lo exigía el
entorno político social y religioso en el que se desarrollaban estas
tierras. Los inquisidores trataron siempre y fundamentalmente, de
impedir que se propagaran los errores contra la fe y las buenas
costumbres.
En un principio el Santo Oficio mexicano tomó medidas para evitar,
en cuanto fuera posible, entrasen los libros que propagaban, sobre
todo la herejía luterana en estos reinos de la Nueva España. Las
medidas adoptadas de cuidadosa vigilancia sobre los libros que
venían de España, no evitó la introducción y circulación de los textos
prohibidos, pero sí logró aminorar el número de éstos.
 
Para controlar las entradas al país de estas ediciones se ordenó a los
comisarios que al arribar los barcos se hiciera un examen minucioso
de los libros que llegaban. Se dio instrucciones a los revisores de las
aduanas, que pidieran a los dueños de los libros una lista detallada
de los mismos y que cotejaran ésta con aquellos. Si se detectaba
algún libro de dudosa ortodoxia se enviaba a los calificadores del
Santo Oficio para su evaluación y posible censura. Allí el libro era
examinado por dos o más censores; si se consideraba inofensivo se
devolvía a su dueño, de lo contrario era condenado a ser expurgado
y se le retenía hasta tanto hubiera sufrido la debida censura. Esta
tarea consistía en tachar algún párrafo o texto del libro con el fin de
limpiarlo de errores morales y dogmáticos.
 
Ciertamente había licencias, dadas por el Santo Oficio, para retener
libros prohibidos in totum según las circunstancias meritorias. En
los conventos que gozaban de estas licencias, dichos libros se
guardaban en una estancia se- parada de las otras que se conocía
con el nombre de “infiernillo” para indicar lo indeseables y
perniciosas que eran tales ediciones.
 
La atracción por lo prohibido
 
Los poseedores y lectores de estos libros siempre se las ingeniaron
para evitar al Santo Oficio y poder conservar los libros prohibidos,
sobre todo en el siglo XVIII. Los eclesiásticos, los particulares, los
mercaderes, los libreros, los funcionarios del gobierno y los médicos,
fueron fundamentalmente quienes deseaban obtenerlos con más
frecuencia.
 
La categoría de los libros prohibidos era tasada según criterios
sostenidos por la Iglesia, en la Constitución “Divini Gregis”emitida el
24 de marzo de 1564 por el Papa Pío IV(1559-1565). Estas normas
se sostuvieron vigentes hasta 1929 y fueron la base para etiquetar
los libros prohibidos señalados en los 30 índices publicados desde
1590 a 1948. Tres índices salieron en el siglo XVI, otros tres en el
siglo XVII; siete en el siglo XVIII; seis en el siglo XIX, y once en el
siglo XX.
 
Las diversas categorías de los libros prohibidos se hallan
enumeradas en las 16 reglas que, a partir de 1640, figuran en los
índices de libros prohibidos de España.
 
Las 16 reglas pueden resumirse en cuatro grupos: el primero
contempla las obras contrarias a la fe católica, es decir los escritos
heréticos que se ocupan de los dogmas y la moral cristiana; en este
apartado se incluyen los textos de la Sagrada Escritura con corte
polémico, escritos en lengua vulgar. El segundo grupo abarca las
obras que tratan sobre nigromancia y astrología que fomentan la
superstición y los falsos valores morales; en este apartado se hallan
también los libros que tratan cosas lascivas y de amores que dañan
directamente las costumbres cristianas. El tercer grupo contempla
todas las obras publicadas sin nombre del autor, impresor y sin
señalar el lugar y la fecha de edición, y que contengan doctrinas
dañinas para la fe y moral cristiana. Finalmente, el cuarto grupo
comprende a las obras completas o fragmentos de ellas, y que
atentan contra la buena reputación del prójimo, sean eclesiásticos o
civiles.
La Iglesia, defensora de la fe de sus súbditos, se preocupó desde los
primeros siglos de su existencia de impedir que circularan tanto los
escritos o piezas documentales como los libros, que dañaran la fe y
moralidad católica. El Santo Oficio o Inquisición fue el organismo
que, originándose en Europa, vino a la Nueva España para sostener
los criterios empleados en España.
 
Los países no siempre se apegaron a loa criterios indicados por la
Iglesia y en ello tuvo que ver mucho la relación estrecha o distante
entre el rey y el pontífice.
 
Los libros prohibidos, catalogados en los diversos índices, señalan el
fuerte interés que tuvo la Iglesia porque el libro no fuera portador
de doctrinas dañinas que afectaran las creencias y el mundo
espiritual de los fieles.
 
En la historia del libro y también en la historia de la imprenta, no
faltará la presencia de la Iglesia Católica como árbitro que señala la
ortodoxia o heterodoxia de los impresos; los primeros para que
puedan circular sin obstáculos y los segundos para condenarlos y
evitar que llegaran a las manos de los fieles cristianos.
 
Los libros que abordaban temas de fe o de costumbres en las
diversas épocas de nuestra historia tuvieron que pasar, en su
mayoría, por la censura de la Iglesia. Ésta como protectora y fiel
custodia de la fe se consideraba con el deber de que ningún libro
pusiese en peligro y en duda la doctrina de Jesucristo o que dañase
las buenas costumbres marcadas por la tradición y los
mandamientos de la Ley de Dios. El mundo de los libros prohibidos
y los índices de éstos, responden precisamente al papel de madre y
maestra que la Iglesia ha jugado, no obstante los incontables
acuerdos y desacuerdos entre los autores a través de los siglos
acerca de este tema.
Texto: Jorge Garibay Álvarez
Fuente: México en el Tiempo No. 29  Marzo-Abril 1999
Index librorum prohibitorum
Índice General de los libros prohibidos


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